Bettina Cruz: pese a amenazas de muerte, seguiré lucha contra proyectos eólicos

Bettina Cruz: pese a amenazas de muerte, seguiré lucha contra proyectos eólicos

MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de ser liberada del Reclusorio Regional de Tehuantepec, Oaxaca, la dirigente indígena opositora a megaproyectos de transnacionales, Bettina Cruz Velásquez, sostuvo que las amenazas de muerte que hay en su contra no van a sustraerla de la lucha por la cancelación de contratos con la empresa española Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) que, dijo, “no trae ningún beneficio para los pueblos indígenas y en cambio sí pretende acabar con nuestras costumbres y cultura”.

Bettina Cruz, quien contaba con medias cautelares tras haber sido amenazada de muerte el 28 de octubre del año pasado, fue detenida por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado miércoles 22, cuando salía de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusada de privación ilegal de la libertad en agravio de empleados de esa paraestatal.

La madrugada del sábado 24, la integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, fue liberada bajo caución y obligada a acudir al reclusorio de Tehuantepec para firmar y continuar su proceso en libertad.

En conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), Bettina Cruz aseguró que la lucha de los pueblos indígenas de Oaxaca contra las industrias generadoras de energía eólica se da “porque nunca se nos tomó en cuenta, nuestros territorios fueron ofertados a grandes transnacionales, mientras que la CFE se encargó de amedrentar a los pequeños propietarios a aceptar la instalación de enormes generadores de energía en sus terrenos, pero sin considerar que la mayor parte de las tierras están bajo el régimen de bienes comunales, y no ha habido asambleas para aceptar esos acuerdos”.
Agregó que al menos 40 dirigentes campesinos e indígenas oaxaqueños, opositores a los parques de producción de energía eólica, están en la mira de autoridades federales y estatales, ya que tienen abiertas averiguaciones previas en su contra.

En contraste, “no avanzan las denuncias penales por la represión a la libre manifestación, por golpes y amenazas de muerte que han sufrido los defensores, en especial el 28 de octubre de 2011, cuando protestaron los campesinos del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo”, acotó Alejandra Ancheita, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pro Desc).

De acuerdo con la abogada, en la región del Istmo hay 60 empresas de energía eólica en diferentes parques que tienen la misma constante, es decir, que “los pueblos indígenas y dueños de la tierra nunca fueron consultados”.

Añadió:

“A través de la CFE y bajo engaños, a muchos se les pidieron sus escrituras y documentos para simular la aceptación del megaproyecto, y los empresarios se han negado a devolverlos”.

En el proyecto eólico de Piedra Larga en Unión Hidalgo, agregó, 30 pequeños propietarios exigieron dar por terminado el contrato con Demex, restablecer la calidad original del suelo e indemnizar por el daño productivo, pero el director general de la transnacional, Fernando Ballester Surruca, negó la petición que está en los convenios firmados, bajo el argumento de que estaba en juego “una importante inversión de recursos económicos y humanos”.

Según Bettina Cruz, miles de hectáreas de la región del Istmo de Tehuantepec fueron afectadas por los parques de energía eólica. “En los terrenos que antes se sembraba maíz, sorgo, chile, calabaza, ahora están las enormes torres, y hay conflictos con pescadores que también se han visto afectados”.

La defensora resaltó que pequeños propietarios de Unión Hidalgo que inicialmente aceptaron los contratos con Demex, pretenden cancelarlos anticipadamente, “porque han visto que no les da ningún beneficio. Es más, tenemos una protesta de huelga de pagos porque los cobros son injustos y elevados, llegan a ser de mil a siete mil pesos”, dijo.

La activista señaló que hay confianza en la lucha emprendida por los cinco grupos indígenas afectados por el proyecto eólico, porque han logrado anular cerca de 300 contratos que pequeños propietarios tenían con Demex.

La abogada Ancheita informó que entre las estrategias que se contemplan para devolver a los pueblos indígenas su derecho a decidir sobre su territorio, hay demandas de tipo civil para anular los contratos entre la transnacional y los pequeños propietarios, y en los casos de los terrenos ejidales y de bienes comunales, se iniciarán juicios en el Tribunal Superior Agrario para desconocer las asambleas que permitieron instalar los proyectos eólicos.

Benjamin Cokelet, director del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, comentó que también es factible iniciar protestas ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, organismos que proporcionaron 160 millones de dólares para el proyecto eólico de Piedra Larga.

“La mitad de los fondos son administrados por Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa, y el resto por los bancos Espíritu Santo de Portugal, y los españoles Santander y Caixa Bank, pero sabemos que ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional están dispuestos a financiar un proyecto que viola los derechos de los pueblos indígenas, por lo que el derecho internacional permite demandar y que se corrija la situación”, dijo Cokelet, quien tiene sus oficinas en Nueva York.

Peor aún, hasta ahora los beneficiarios de los fondos internacionales, agregó, “son empresarios transnacionales y no mexicanos que paguen impuestos. Hay 19 proyectos en todo el territorio de Oaxaca y por lo menos entre dos y tres empresas extranjeras beneficiándose, aunque entre las empresas que tienen contratado el servicio está Grupo Bimbo, que firmó un contrato de abastecimiento por 18 años”, subrayó.

Adicionalmente, apuntó, “los bancos europeos tendrán que rendir cuentas, porque ellos se sumaron a los Principios de Ecuador, un acuerdo signado por varios bancos y empresas en el mundo, que se comprometen a no hacer convenios que resulten desventajosos para grupos indígenas o grupos vulnerables”.

Para Cokelet, detrás de la detención de Bettina hay una “represalia, porque a 10 meses de que termine el gobierno de Felipe Calderón, no puede cumplir la promesa que hizo en el COP 16 (Conferencia del Cambio Climático, realizada en Cancún Quintana Roo, en 2010), de que 4% de la energía que produciría México sería ecológica antes de dejar su gobierno. No obstante, las movilizaciones sociales y la oposición al proyecto por parte de la organizaciones indígenas no permiten que haya más que 1%, entonces hay una urgencia por terminar ese proyecto prometido a los grandes líderes mundiales”.

“Es sorprendente cómo los agentes de la PGR son incapaces para combatir delitos graves que han bañado al país de sangre, y en cambio son diligentes para detener a defensores de pueblos indígenas”, señaló a su vez José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh.

El defensor lamentó que ni las grandes empresas, ni los gobiernos respeten las resoluciones judiciales promovidas por los opositores a los megaproyectos, y recordó el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, así como la Supervía Poniente, de la Ciudad de México.

En tanto, Agnieszka Raczynska, secretaria técnica de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que aglutina a 75 organizaciones no gubernamentales, exigió al gobierno de Felipe Calderón la instrumentación de las medidas de protección a defensores, acabar con la criminalización de los movimientos sociales y respetar las medidas de protección que los defensores tienen.

Racynska manifestó su preocupación porque en los últimos años el mayor número de defensores agredidos es aquellos que se oponen a megaproyectos o que defienden los recursos naturales.

http://www.proceso.com.mx/?p=299500

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Mujeres indígenas denuncian doble discurso de Peña Nieto en la ONU

Mujeres indígenas denuncian doble discurso de Peña Nieto en la ONU

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Felicitas Martínez (México) y Graciela Arias (Panamá) en la march contra el cambio climático, NYC 21/09/14

Dirigentes indígenas que viajaron a Nueva York en el contexto de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI) de la ONU acusaron al presidente Enrique Peña Nieto de tener un “doble discurso” en materia de derechos indígenas en el país.

“El discurso del Sr. Presidente Enrique Peña Nieto es un doble discurso, la verdad, porque aquí hay violación de derechos humanos, hay encarcelamiento, hay hostigamiento, hay persecución,” dijo en conferencia de prensa Felicitas Martínez, me’phaa (tlapaneca), de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

Martinez participó con un grupo de mujeres indígenas y rurales de Mesoamérica y Asia Sudeste, afiliadas con la organización feminista, JASS.

Las líderes expusieron la gran distancia que existe entre el discurso oficial y la realidad que viven en sus territorios. Martínez habló de la larga lista de dirigentes indígenas encarcelados en el país por defender los mismos derechos que el presidente refrendó en su discurso, entre ellos Nestora Salgado, coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero; Marco Antonio Suástegui, de La Parota, también en el estado de Guerrero y Mario Luna, del pueblo yaqui de Vícam, Sonora, criminalizado por su oposición al ilegal acueducto Independencia. Concluyó: “Aquí no hay justicia”.

En su presentación en la Conferencia, Peña Nieto se jactó de que la resolución final de la Conferencia incorporó varios planteamientos de la delegación oficial mexicana, entre ellos: que la agenda de desarrollo pos-2015 incluya los derechos de los pueblos indígenas, y que se armonicen las leyes nacionales siguiendo el espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Terminó diciendo: “En México, nuestra constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, y organización social, económica, política y cultural.”

Bettina Cruz, binizaa del Istmo de Tehuantepec,  puso en tela de juicio las declaraciones del presidente, haciendo referencia al impacto de los megaproyectos y de la reforma energética en los pueblos indígenas.

“El discurso de Enrique Peña Nieto en el sentido de que en México se respetan los derechos de los pueblos indígenas es muy contradictorio en términos de que hace solamente unos meses se aprobó una reforma energética de lo más lesiva para nuestros territorios como pueblos indígenas.”

“Esta reforma energética es la punta de lanza para el despojo, la criminalización, la ocupación y el genocidio de los pueblos que aún permanecemos en nuestros territorios, y por estar cuidando nuestros territorios aún conservamos los recursos —que ellos ven como recursos, y nosotros los vemos como bienes naturales de los que vivimos.”

La reforma energética incorpora una claúsula de “ocupación temporal” que le da al estado el mandato legal para efectivamente expropriar terrenos bajo el principio que que establece que “Las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.”

Cruz afirmó que la ley, al priorizar la explotación del petróleo, “deja a un lado nuestros derechos a vivir desde nuestras propias formas de vivir. Deja a un lado nuestros derechos a decidir cómo vivir, de qué vivir, qué comer, qué hacer, cómo disfrutar, cómo gobernarnos.”

Bettina Cruz enfrenta  proceso judicial por defensa del territorio

Esta reforma energética es irreconcilable con los derechos de los pueblos indígenas del país. El discurso de Peña Nieto habla de libre determinación pero no hace referencia a lo que está en el fondo de la actual embestida contra los territorios indígenas, que es el choque histórico entre un modelo de desarrollo predador y la protección de sus territorios y derechos por parte de los pueblos indígenas. No mencionó el derecho a la consulta previa, libre e informada en toda decisión que tiene que ver con los territorios indígenas.

México es signatario desde 1989 del Convenio 169 de la OIT que consagra este derecho. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

“Todos los proyectos que están instalados en nuestros territorios sean camineros, eólicas, hidroeléctricas, de todo tipo han adolecido de la consulta previa, libre e informada. Y por esta exigencia, tenemos a muchos compañeros en diferentes partes de nuestros territorios encarcelados o con procesos jurídicos en curso,” explicó Cruz.

Ella enfrenta un proceso judicial por parte del Juez 6to de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, en base a una denuncia por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que le acusa de “privación ilegal de la libertad” y “actuar contra el consumo y la riqueza de la nación.” En la definición del supuesto delito está la clave del choque histórico de que hablamos. ¿Consumo y riqueza de quién y para qué?

Si los pueblos indígenas tienen derechos sobre sus territorios y han conservado los bienes naturales de la nación hasta ahora, ¿no serían ellos quienes deben determinar su uso ahora y hacia el futuro?

En este punto fundamental, la resolución final de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas no representa un avance importante. Básicamente recoge y en algunos casos hace más explícitos los derechos que ya están incluidos en la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas por fin aprobada por la Asamblea General en 2007. Fue la falta de applicación de la Declaración en los estados lo que buscó remediar la Conferencia.

7Ye_d0GVAQSVrPI7Alv1YuUH16weEmZhLjyHboHXdKgcLw04CZhsQhFL7qQKhZCnrg57Sg=w1342-h490La resolución contiene algunas claúsulas positivas referente al papel y los derechos de mujeres indígenas. Llama a promover su empoderamiento, liderazgo y participación en la toma de decisiones (Art. 17), examinar las causas de la violencia contra mujeres y niñas indígenas (Art. 19) y dar acceso a la salud y garantías de los derechos reproductivos y sexuales —lo cual provocó una respuesta de rechazo por parte de El Vaticano.

Las mujeres destacan la importancia de enfrentar la múltiple discriminación que se padece por ser mujer, indígena, empobrecida y rural, ejercida por los estados y entre sus propias comunidades y familias.

Algunas organizaciones indígenas consideran que el documento representa un avance; otras no ven una ganancia real. Sin embargo, nadie puede creer que por sí pueda resolver la enorme distancia que hay entre el discurso y la realidad, e incluso entre las leyes y el actuar de los poderosos intereses económicos que enfrentan.

Cuando el presidente Peña Nieto habla de las garantías de la Constitución mexicana parece olvidar la traición histórica a los pueblos indígenas: la contrarreforma de 2001. En esa ocasión el gobierno mexicano desconoció su propia firma a los Acuerdos de San Andrés y aprobó una reforma que por falta de mecanismos reales para el reconocimiento de la autonomía, dejó abierta la puerta al despojo, violación de derechos, criminalización y discriminación que caracterizan la situación de mujeres y hombres indígenas hoy en día.

http://www.cipamericas.org/es/archives/12979

Defensora de la Tierra y el Territorio